Tengo claro que modernizar la Administración Publica Local no es solo cambiar algunos aspectos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, ni tampoco la obligatoriedad de acercarse a los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, que también lo es, pero no es suficiente. Sino que la verdadera modernización vendrá cambiando el modelo de gestión de las Administraciones Locales, sobre todo la de los Ayuntamientos, que son las administraciones mas cercanas a los ciudadanos.
Los Ayuntamientos tienen que cambiar su forma de gestionar para optimizar los pocos recursos que disponen (siendo injusta la actual distribución de la financiaciones de las diferentes administraciones: Estatal, Autonómicas y Locales) y lo tienen que hacer optimizando los recursos que disponen: los económicos, los humanos, los técnicos y los materiales, y para ello la necesidad de nuevas formulas de gestión basadas en la gestión por competencias, del talento, la gestión por procesos y la mejora continua y sobre todo la evaluación de las políticas y organizaciones publicas.
El cambio demandado, que por otra parte ya se experimenta en alguna que otra organización municipal, depende fundamentalmente de los políticos, únicos responsables de la gestión municipal y que deberían de estar atentos a esas necesidades, que por otra parte es constatada y contestada adecuadamente por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como podemos observar en sus manifestaciones, resoluciones de sus Comisiones, sus publicaciones y sobre todo en su línea formativa.
Ciertamente hemos superado el modelo tradicional predemocrático, pero nos hemos quedado con el modelo Ministerial, basado en una distribución de funciones temáticas en que los concejales sin jerarquía alguna definida (solo la de tenientes de Alcalde) asumen competencias efectivas sobre los funcionarios de su área, sin contar en algún caso con la preparación necesaria para esa difícil tarea, ni con la figura de directivos públicos profesionales, sin tener tiempo para el estudio, reflexión y recogida de opinión de los ciudadanos antes de proponer o acometer los diferentes proyectos al servicio del Municipio, debidamente pactados, financiados o apoyados por otras Administraciones y/o Entidades. Debemos de pasar a lo que algunos técnicos llaman “modelo funcional”, donde políticos, directivos públicos, funcionarios y resto de empleados públicos tienen definidas, pactadas y aceptadas sus competencias y responsabilidades y donde el ciudadano y los resultados evalúan su gestión y buen hacer de forma participativa y transparente.
Es por tanto necesario y vital un nuevo cambio organizacional en la gestión de los servicios públicos, separando las funciones políticas de las directivas, las tareas y resoluciones ordinarias de las extraordinarias o estratégicas, de los servicios obligatorios y con competencia de los servicios necesarios pero sin competencias, los servicios constitucionales y gratuitos de los servicios especiales o de colectivos, los generales de los individuales.
Para ello deberemos cambiar la organización y gestión de los servicios municipales, incorporar la inspección de los mismos, valorar la capacitación de sus recursos humanos y gestionar sus competencias y talentos, a través de lideres organizacionales capaces de aportar sus habilidades directivas, con capacidad de negociación y destrezas relacionales, debiendo ajustar los recursos a las necesidades, las negociaciones laborales a los intereses generales y no corporativos y utilizar la gestión del conocimiento como valor de la organización que debe ser ejemplar en sus comportamientos para con el crecimiento equilibrado y sostenible de nuestros territorios y el mejoramiento del bienestar social de nuestros ciudadanos, con especial atención a los mas necesitados o desprotegidos y todo ello optimizando con eficacia y eficiencia los escasos recursos públicos.
Para la Organización territorial mas importante, dotemos la mejor estructura organizacional.
Ciertamente hemos superado el modelo tradicional predemocrático, pero nos hemos quedado con el modelo Ministerial, basado en una distribución de funciones temáticas en que los concejales sin jerarquía alguna definida (solo la de tenientes de Alcalde) asumen competencias efectivas sobre los funcionarios de su área, sin contar en algún caso con la preparación necesaria para esa difícil tarea, ni con la figura de directivos públicos profesionales, sin tener tiempo para el estudio, reflexión y recogida de opinión de los ciudadanos antes de proponer o acometer los diferentes proyectos al servicio del Municipio, debidamente pactados, financiados o apoyados por otras Administraciones y/o Entidades. Debemos de pasar a lo que algunos técnicos llaman “modelo funcional”, donde políticos, directivos públicos, funcionarios y resto de empleados públicos tienen definidas, pactadas y aceptadas sus competencias y responsabilidades y donde el ciudadano y los resultados evalúan su gestión y buen hacer de forma participativa y transparente.
Es por tanto necesario y vital un nuevo cambio organizacional en la gestión de los servicios públicos, separando las funciones políticas de las directivas, las tareas y resoluciones ordinarias de las extraordinarias o estratégicas, de los servicios obligatorios y con competencia de los servicios necesarios pero sin competencias, los servicios constitucionales y gratuitos de los servicios especiales o de colectivos, los generales de los individuales.
Para ello deberemos cambiar la organización y gestión de los servicios municipales, incorporar la inspección de los mismos, valorar la capacitación de sus recursos humanos y gestionar sus competencias y talentos, a través de lideres organizacionales capaces de aportar sus habilidades directivas, con capacidad de negociación y destrezas relacionales, debiendo ajustar los recursos a las necesidades, las negociaciones laborales a los intereses generales y no corporativos y utilizar la gestión del conocimiento como valor de la organización que debe ser ejemplar en sus comportamientos para con el crecimiento equilibrado y sostenible de nuestros territorios y el mejoramiento del bienestar social de nuestros ciudadanos, con especial atención a los mas necesitados o desprotegidos y todo ello optimizando con eficacia y eficiencia los escasos recursos públicos.
Para la Organización territorial mas importante, dotemos la mejor estructura organizacional.
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